Esta iniciativa propone que cuando se presenten pruebas en juicios mercantiles, sea eliminada la carga del oferente de exponer las razones por las que considera que esa prueba demuestra sus afirmaciones.

En este sentido, si bien es cierto que el requisito en comento constituye una medida legislativa que persigue un fin constitucionalmente válido, pues su objetivo es agilizar el procedimiento y evitar que las partes abusen de él, al ofrecer todos los medios de convicción que tuvieren a su alcance con el único propósito de retardarlo, también es cierto que la medida legislativa no es idónea para alcanzar la finalidad constitucional que se persigue.